¿Y ahora qué? “¿Qué hacer?”. Tal como dice Joaquim Coll, “aprender de los errores” resulta imperativo.
Errores que siempre nos acompañan, por lo que no solo debe examinarse el pasado más reciente, sino extender la mirada, para identificar los principales asuntos sobre los que rectificar. De lo contrario, volveremos a esta situación antes o después, al seguir haciendo siempre lo mismo.
Dice Joaquim Coll que “…sería insensato no construir un potente contrapeso (mediático, cultural, económico, asociativo) a la influencia del infatigable nacionalismo, que rápidamente escribirá un relato heroico de su derrota”.
Consciente o inconscientemente, está hablando de reconstruir y desarrollar instituciones que velen por las finalidades comunes que queremos que nos definan. Pero resulta poco explicable que no se distingan los canales y vías de institucionalización, propias y compartidas, cuando la ciudadanía quiere desarrollar un proyecto común.
Para ello, creo que es importante abundar en estas dos cuestiones:
1. TRES CATEGORÍAS
La necesidad de distinguir y conjugar tres categorías: instituciones, organismos y personas. Las tres son necesarias para organizar nuestra vida en común (polity) y formular nuestros objetivos de progreso, libertad y equidad.
Nuestras reglas de juego, de convivencia, formales e informales, como son las instituciones políticas, económicas y sociales, se dotan de organizaciones (organismos), como medio para velar por las finalidades de las instituciones. Y son las personas que operan en estos organismos quienes a la postre aseguran la consecución de los objetivos establecidos.
2. MIMETISMO INSTITUCIONAL
El mimetismo institucional y competencial, expresión que formuló Herrero de Miñón, y fue desarrollado desde principios de los años 80 en de los Estatutos autonómicos, ha supuesto confusiones y errores en cuanto modelo de desarrollo autonómico.
Los poderes institucionales y competenciales de las autonomías deben configurarse en torno a las propias finalidades que les definen, que no son las de un Estado, y así, velar por la distribución territorial del poder (como contrapeso democrático en lealtad a los valores constitucionales) y la igualdad ciudadana (a través de la solidaridad interterritorial).
Pues las instituciones y órganos de distribución territorial del poder político deben responder, entre otras, a una finalidad de entendimiento entre la diversidad de ciudadanos que conviven en los territorios que conforman un Estado. Por tanto, se debe concretar en una serie de instituciones, órganos y personas que respondan a sus finalidades y valores propios. No tiene sentido, pues, que ese trípode de institución/órganos/personas se componga de los mismos elementos que los que velan por las finalidades y principios del Estado.
Porque la distribución territorial no tiene como fin crear 17 Estados (¿o acaso fue y es esa la única intención de los poderes autonómicos catalanes, vascos y otros?). Eso no sería un proyecto común, sino 17 intenciones que se ponen de acuerdo en cooperar para conseguir cada una “su aspiración”.
Olvidarse, o corromper, las finalidades y valores de las instituciones, diluirlas entre camuflajes y mimetismos, como se ha hecho a lo largo de tres décadas, lleva finalmente a su degradación, y de ahí a las rupturas y enfrentamientos como los que vivimos actualmente.
Dialogar, siempre; pero en democracia, es preciso también indicar las reglas de juego para que el diálogo no se pervierta ni sea un comodín: para qué y sobre qué queremos y debemos dialogar es tan importante como el propio diálogo, pues, en definitiva, se trata de que la palabra “compromiso” se llene de contenido para todos.
Paz de Torres
VP Asociación Por la Calidad y Cultura Democráticas